Este año se espera una mayor dinámica tanto en la demanda externa como en la interna. La primera será estimulada por el mayor crecimiento mundial y regional, mientras que la segunda resultará impulsada por un mayor consumo de los hogares y una reactivación de la inversión.
El aumento en la proyección de crecimiento que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la economía colombiana, al pasar de 2,8% a 3% para este año, fue recibido por el Gobierno como un bálsamo en medio de la incertidumbre que se ha generado sobre su desempeño en un periodo de agitado debate electoral.
Para el Gobierno esa mejora en las perspectivas de la economía es clave, no solo porque está por encima del pronóstico de los analistas (2,6%) e, incluso, del suyo (2,7%), sino porque el año pasado fue para olvidar. Un crecimiento que, al parecer, no superará el 1,8% y una profunda desaceleración de la economía generaron pesimismo y desasosiego entre los actores económicos.
Como reconoció el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se subestimaron los efectos contraccionistas de la subida de tasas de 2016 y también la secuela negativa en la confianza de inversionistas y consumidores por la reforma tributaria y los escándalos de corrupción.
Este año se espera una mayor dinámica tanto en la demanda externa como en la interna. La primera será estimulada por el mayor crecimiento mundial y regional, mientras que la segunda resultará impulsada por un mayor consumo de los hogares y una reactivación de la inversión, favorecidos por factores como un repunte de la confianza, las menores tasas de interés, el descenso del impuesto de renta para las empresas, una vigorosa actividad en el campo de la infraestructura y los mejores precios en el petróleo.
Precisamente, para el FMI muchos de esos factores son clave en la nueva perspectiva de crecimiento que planteó para Colombia este año. En especial, la recuperación en los precios del petróleo, que pasaron de cerca de US$45 a US$70 por barril en los últimos meses, la dinámica de la economía mundial que va a crecer 3,9% (0,2 puntos más que la previsión de octubre) y el desarrollo de infraestructura en el país, en particular los proyectos de las concesiones de Cuarta Generación (4G) y las obras en ciudades como Bogotá y Medellín.
Como mencionó el economista Mauricio Cabrera en el foro Colombia 2018, organizado por Semana y Dinero, “se apareció la Virgen y le llegó un aditivo a la gasolina del motor: subió el precio del petróleo” que, según sus cálculos, puede reflejar unos $2,5 billones de ingresos adicionales al país. “Pero el aditivo puede ser tóxico y envenenar el motor”, agregó. Para él esto significa que se pueden soltar las amarras y bajar la guardia del gasto público, porque hay más recursos, y por eso será necesario ver a qué se destinan. Y también puede generar una enfermedad holandesa, que golpee aún más a la industria.
Por eso, coincidiendo con la exministra Cecilia López, hay que ver los nuevos precios del petróleo como un respiro y no como una bonanza.
Además, en el caso de las 4G, solo hasta finales del año pasado se destrabaron los cierres financieros de los proyectos de la segunda ola y se esperaría que tuvieran una mayor dinámica en los próximos meses.
Sin embargo, el año para el sector arrancó con dos grandes líos. Por una parte, la caída de un tramo del puente Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio –al parecer sería necesario demoler el otro tramo– que dejó 9 muertos y un profundo debate en materia de vigilancia y seguimiento a las obras de infraestructura. Y, por otra, la problemática que se ha generado a raíz de un fallo de la Contraloría General en donde, en forma solidaria, sancionó a un grupo de operadores de basura en Bogotá, a funcionarios del Distrito y a la Fiduciaria Bancolombia por la devolución de unos recursos al Distrito, fallo que despertó la preocupación de aseguradoras y fiduciarias en los proyectos que manejen recursos públicos.
Tanto para petróleo –en especial el desarrollo de nuevos campos y la explotación de no convencionales– como para infraestructura, la otra gran preocupación está relacionada con las consultas previas, cuyo trámite en el Congreso está, precisamente, para consulta previa, y las consultas populares.
Pero, sin duda, la agenda de corto plazo para aprovechar la coyuntura y montarse en la ola de estos factores favorables para la economía no puede dejar de lado tareas estructurales y reformas pendientes para consolidar el crecimiento, que todavía está lejos del potencial.
Tal como lo advirtió el exministro Guillermo Perry, en el mismo evento, es hora de recuperar la confianza de los inversionistas y los consumidores, garantizar el equilibrio fiscal y hacer más productiva y competitiva la economía. Por eso, 2018 es un año retador. Y serán los candidatos a la Presidencia y sus propuestas los que logren consolidar la estrategia para construir una senda de crecimiento alto y sostenido.