La Quinta Encuesta Nacional de Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas arrojó que el 96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. El porcentaje de soborno que se estima necesario para ganar un contrato es de 16,7% de su valor.
Transparencia por Colombia y la Universidad del Externado, a través de una encuesta realizada a 690 empresarios de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín, Pereira y Tunja, entregaron los resultados de la Quinta Encuesta Nacional de Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas que analiza el nivel de implementación y desarrollo de las prácticas empresariales para prevenir esta forma de corrupción.
Los resultados de la encuesta ratifican la necesidad de que el sector privado se movilice aún más contra el soborno y la corrupción, así como fomentar una cultura de principios y de prácticas que permitan mitigar los riesgos de corrupción en la gestión empresarial.
Igualmente, de acuerdo con el informe de ambas entidades, resulta necesario promover la denuncia de hechos de soborno e incrementar el acceso a la información a sus grupos de interés.
Según el informe, los resultados señalan que el 96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de negocios. Este porcentaje aumentó un 5% con respecto a la encuesta del 2014.
Así mismo, el 63% de los encuestados considera que la principal motivación para ofrecer sobornos a funcionarios del sector público es obtener negocios.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, señaló que “la integridad y los principios éticos deben estar presentes en todas las acciones realizadas por la empresa, pero principalmente en su relación con el sector público. Es fundamental asegurar sistemas de integridad corporativa que cuenten con mecanismos anticorrupción para detectar, investigar y sancionar prácticas corruptas en todos los ámbitos de negocios”.
Los resultados de la encuesta indican que los principales obstáculos para lograr mayor transparencia en el entorno de los negocios son la corrupción en el sector público (37%) y la competencia desleal (33%). A lo anterior se agrega que el porcentaje de soborno que se estima necesario para ganar un contrato es de 16.7% de su valor.
Modalidades de Soborno
En el 2016 las modalidades más usadas de soborno fueron los pagos para agilizar trámites (67%) y el cierre de negocios y/o contratos (53%). En el actual contexto electoral, preocupa que el 51% de los empresarios considere que las contribuciones a campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno.
Esto, sumado al bajo porcentaje de las empresas que llevan un registro contable exacto de las contribuciones políticas (8%), representar un riesgo de corrupción alarmante con miras a las elecciones legislativas y presidenciales del 2018.
Para Gustavo Yepes, profesor de la Universidad Externado de Colombia y director de la investigación, “estos resultados indican que el soborno se constituye en el país como una práctica recurrente y prácticamente institucionalizada”.
¿Qué están haciendo los empresarios para frenar el soborno?
A pesar de lo anterior, los hallazgos de la Quinta Encuesta indican que el 65% de los empresarios encuestados considera importante implementar prácticas y fortalecer los sistemas de integridad corporativa para mitigar cualquier riesgo de corrupción en la gestión empresarial.
Más concretamente, el 47% de empresas priorizan dentro de su planeación estratégica acciones contra el soborno, mediante la construcción, implementación y capacitación de los sistemas de integridad corporativa. Este porcentaje se incrementó en 9 puntos en comparación con los resultados del 2014, lo cual indica una mayor atención de las empresas a la afectación que la corrupción les genera.
Para los empresarios, los incentivos para implementar buenas prácticas empresariales de prevención del soborno son el sentido ético para la sostenibilidad de los negocios (65%), la reputación empresarial (60%) y las relaciones comerciales a largo plazo (41%).
El reto es avanzar hacia un cambio en la cultura organizacional donde la ética esté inmersa en el modelo de gestión, y así aporte a la sostenibilidad empresarial para la construcción y defensa de lo público.