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Procuraduría propone muerte jurídica a empresas corruptas


En Inside LR, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se refirió al tema de moda por estos momentos que es la corrupción, específicamente por el caso de Odebrecht, empresa a la que calificó como la multinacional del crimen.

En este sentido, el Procurador afirmó que cuando las empresas incurran en sobornos deben tener “muerte jurídica”, deben desaparecer y evitar que vuelvan a un país en donde corrompieron.

Uno de las últimas noticias de la Procuraduría frente a Odebrecht fue la reapertura de la investigación ¿en qué va el proceso y qué nos puede adelantar?

Yo creo que en América Latina estamos acostumbrados a solo considerar un actor del crimen organizado que era el narcotráfico, y resulta que este permeó nuestra cultura, hablo de conductas permisivas a la vida fácil, el atajo. Resulta que hoy apareció un actor que es una multinacional del crimen, el caso de Odebrecht, que no es una maquinita de sobornos de tres sujetos que resolvieron comenzar a pagar a la gente. No, lo que hay es crimen organizado transnacional, que en estos momentos se llama Odebrecht y ese es el trato que hay que darle. No se puede solucionar con pañitos de agua tibia. Por eso estoy proponiendo como discusión legislativa la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Háblenos de sanciones específicas ¿qué pide usted para las empresas que incurren en corrupción?

Muy simple. No solo la terminación de los contratos, que esa aparece como una sanción de carácter civil o legal, si no la muerte jurídica de las empresas. La responsabilidad de las personas jurídicas debe llevar a eso, a que desaparezcan del horizonte esas empresas y a la imposibilidad de que vuelvan a aparecer en un país en donde corrompieron como de hecho lo hicieron.

¿Después de esto qué vendría con esta propuesta?

Tendríamos que consagrarlo en el Código Penal.

¿Usted cree que el estatuto anticorrupción es suficiente?

Creo que es insuficiente. Yo creo que hay que avanzar mucho en conflicto de intereses, en el tema del lobby, la protección de los denunciantes. También hay muchas herramientas nuevas, que en el caso de Colombia, hay que destacar hemos dado muchos pasos avanzados.

¿Cómo atajar la corrupción tanto del sector privado como del público?

Eso es fundamental. Yo creo que los tres mosqueteros, como nos llamaron, somos absolutamente insuficientes para ganar esta batalla porque el cuarto mosquetero tiene que ser el sector privado. Buena parte de la corrupción hoy en día viene de allá, no es que yo entrego la plata y que respondan otros. Y eso también va en el tema de las campañas políticas, los privados deben responder por la plata que le dan a las campañas, no es lavarse las manos y que luego responda el partido político. Ahí el elemento de la transparencia es clave, es el antídoto. Uno piensa en la rendición de cuentas y eso es una consecuencia, uno piensa en los funcionarios públicos y eso es un atributo para que las cosas salgan bien.

¿En qué van las investigaciones en Reficar por corrupción?

Indiscutiblemente es uno de los casos emblemáticos de desorden administrativo y de falta de consistencia en las políticas publicas. Tenemos dos procuradores delegados para esto. Por su puesto todos los resultados de la investigación son de reserva. 

¿Cuándo vamos a tener un pronunciamiento?

Yo creo que en este caso es cuestión de las semanas, es una carrera contra el tiempo que debe tener el debido proceso.

¿Qué pasará con el contrato de la Ruta del Sol?, ¿en qué queda la acción popular? 

Yo creo que la acción popular fue uno de los grandes aciertos que nosotros pusimos. Porque la acción popular supone la defensa del interés colectivo y la defensa del patrimonio público cuando uno tiene un contrato donde hay una causa ilícita, como fueron los sobornos de Odebrecht, uno tiene que involucrar el interés público.

¿Están indagando a Camargo Correa?

Sí, tenemos la información de la Fiscalía y ahí lo que quiero contarles es algo, dentro de la visión de la Procuraduría estaba que solo podía investigar a los funcionarios públicos, nosotros hemos tomado la decisión de que todo particular que reciba recursos públicos, por ejemplo los anticipos de obras sea sujeto de investigación y de eventual sanción de la Procuraduría. Frente al inicio de la investigación de la Fiscalía estamos esperando su decisión para poder actual después. 

¿Hasta cuándo tienen tiempo para renunciar los que quieren aspirar a un cargo público?

Yo creo que tienen que renunciar ya. El que quiera hacer política que renuncie y el que quiera ser ministro pues que no intervenga en política. Tenemos unas directivas muy claras.

¿Cuándo quedarán establecidas las unidades de reacción inmediata?

Estamos en eso, lo que hemos hecho es armar un grupo élite anticorrupción y yo diría que estamos es probando a nivel de regiones.

¿En estos 45 días cuáles son las regiones que más le preocupan por la corrupción?

Yo diría que todo el país yo no incurriría en el error de estigmatizar una u otra región, además porque el efecto político es dramático sobre la democracia porque la corrupción mata la fe en la democracia y es dramático sobre la descentralización. Yo le dije a los alcaldes que realmente la peor amenaza que tiene la descentralización es la corrupción, si alcaldes y gobernadores no son capaces de atacar la corrupción va a pasar lo que estamos viendo en La Guajira.

¿Qué papel tendrá la Procuraduría en la Ley contra la corrupción?

Pues el Presidente ha convocado dos sesiones de la comisión de moralización y se están discutiendo algunas de las medidas que hoy se conocen y que tienen que ver con medidas inmediatas, por ejemplo, la protección de los delatores y de recompensas que hay que discutirlo y de mecanismos de transparencia para todo ese alud que va a venir de la cooperación internacional para el posconflicto. 

¿Le hace falta presupuesto a la Procuraduría?

Sin duda. Ese es uno de los grandes déficit que tenemos, lamentablemente en los últimos meses se le fue recortando el presupuesto.

¿Cuánto es el déficit que ustedes calculan?

Estamos calculando que el déficit puede ser entre $50.000 y $60.000 millones, pero estamos mirando en este momento, tratando de esclarecer eso, porque creo que la institución hay que modernizarla. 

El perfil 

Fernando Carrillo es abogado de la Universidad Javeriana, con dos maestrías en Harvard. Es recordado en la séptima papeleta y la constituyente de 1991, por ser uno de los precursores. Además, se ha desempeñado como ministro de Justicia de César Gaviria, luego trabajó en el BID y posteriormente fue director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En los últimos años fue embajador en España y ahora es procurador general de la nación desde este año.

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