Que las entidades sin ánimo de lucro e iglesias tengan impuesto a la renta, 1×1.000 para las transferencias interbancarias y otras tres propuestas son las que más debate han generado entre el Gobierno, los ponentes de la reforma tributaria y el sector privado.
Varios congresistas y representantes del sector privado le piden al Gobierno que no aumente la base gravable de personas naturales para compensar los descuentos que recibirán las empresas en sus tasas de tributación y proponen a cambio otros impuestos y nuevas tarifas.
Varios ponentes de la reforma le piden al ministro Cárdenas que incluya a las entidades sin ánimo de lucro en el impuesto a la renta, en lugar de crear un régimen especial que les obligue a publicar toda su información financiera. Las iglesias, que manejan al año cerca de $150 billones, también entrarían dentro del régimen especial por lo que se pide que sean sujetos de renta.
Su argumento es que el control a dicho régimen no sería tan efectivo como se necesita pues en el país hay más de mil de estas entidades, además muchas de ellas contratan con el Estado por lo que se convierten en competencia para empresas formales que tienen una tasa efectiva de tributación superior al 50%.
Otras propuestas son incluir una clase de gravamen a los movimientos financieros pero para los movimientos interbancarios y que funcionaría con una fórmula 1×1.000, además de una cláusula que les impida a los bancos trasladar dicho costo a los consumidores. Además, que en el impuesto a las bebidas azucaradas se especifique que este es sólo para gaseosas pues como está planteado en la reforma tributaria, está mal planeado.
El impuesto a la riqueza sigue siendo tema de debate en el país pues, mientras los empresarios apoyan que este impuesto no se renueve después del 2017 que es el último año de su pago, algunos congresistas piden que se renueve para no disminuir el recaudo en renta de aquellos con más recursos en el país.
La quinta propuesta llega del sector privado y es la modificación del impuesto a la renta para las micro, pequeñas y medianas empresas con respecto a la propuesta del Gobierno. La reforma propone que todas las personas jurídicas tengan una tarifa general que en 2017 se reduciría en tres puntos, en 2018 bajaría seis puntos y desde el 2019 quedaría estable en 32%.
La propuesta de la Asociación Colombiana de medianas y pequeñas empresas (Acopi) es que en el caso del sector industrial, las microempresas tengan una tarifa de 22%,las pequeñas de 24%, las medianas de 28% y las grandes empresas la tarifa propuesta del Gobierno de 32%. Las demás mipymes estarían sujetas al pago de renta de 24% para las micro, 26% para las pequeñas y 30% para las empresas medianas.
Además, Acopi pide que la tarifa se aplique sobre la renta líquida gravable pero que para las de la industria minera se haga a partir de la tarifa plena de 40% sin beneficios tributarios. Las empresas industriales recibirían beneficios tributarios con base en el valor agregado a su producto final.
Si el valor agregado están entre el 0% y el 25% del precio del producto, la reducción sería del 5%; si está entre el 25% y el 50% podría recibir un beneficio de 10%; entre el 50% y el 75% descontaría el 15% y desde el 75% recibiría un alivio del 20%.
Los ponentes de la reforma le han advertido al Gobierno que aunque reconocen la necesidad de aprobar una reforma tributaria este año, no presentarán la ponencia hasta no llegar a acuerdos sobre estos cinco puntos y otros más.
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