Desde marzo de 2015 la Superintendencia de Sociedades puso la lupa en Estraval, una compañía de libranzas, que de acuerdo con el ente regulador, tras realizar la pertinente investigación, se comprobó que captó dinero ilegal del público, por lo que el jueves pasado informó que ordenó la liquidación judicial como medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, así como la suspensión inmediata de las actividades de Estraval, otras seis sociedades y 22 personas naturales.
Las otras seis compañías son: Estradinámicas, Estrategias en Liquidez, Técnicas Financieras, Balances, Bastidas PRO L&MS y PRO N&J.
El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, informó que la investigación logró concluir que Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas “porque nunca se le asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista, entre otras irregularidades”.
Así mismo, Reyes indicó que no existe una justificación financiera razonable de la rentabilidad pagada y prometida al cliente, situación que implica “la configuración de hechos objetivos de captación de recursos del público”.
Recordemos que el crédito por libranza es un mecanismo de recaudo de cartera, en donde al deudor se le hace un descuento de su salario o pensión, así esos recursos son destinados mensualmente al pago de las cuotas del crédito de manera automática.
Ahora, el problema radica en que compañías como las mencionadas compraban las carteras de libranzas y las vendían como título valor.
De acuerdo con el presidente de Asofactoring, Eduardo Rincón, quien conversó en días pasados con LR, el problema de este producto radicó en que no se organizó correctamente la cadena de libranzas, que va desde los que la organizan. “Además cualquiera puede prestar este servicio, por lo que se necesita no solo tener un capital, sino la educación para que este tipo de negocios se lleven correctamente, ya que en la actualidad hay muchas compañía con plata en papeles, pero no tienen dinero para trabajar”, dijo.
Respecto a las personas que cobija la medida tomada por el ente regulador están César Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán, quienes eran los administradores y propietarios de Estraval.
Así mismo, figuran quienes hasta el 31 de diciembre de 2015 eran directivos, contadores y revisores fiscales de las sociedades intervenidas, como José Ignacio Alemán, Francisco Javier Sanint, Rosalba Fonseca, Rosalba Jhanet Monroy, Ruth Gaona, Fernando Joya, y otras 12 personas. La Supersociedades aseguró que ha contado con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría en el desarrollo de la investigación.
Finalmente, Reyes aseguró que se “dará traslado a la Fiscalía para que determine las posibles conductas punibles relacionadas con esta captación ilegal de recursos del público. Continuaremos colaborando en las investigaciones penales que por este y otros hechos relacionados con el tema de las libranzas, se puedan adelantar”.
Lleva año y medio la investigación de Estraval
En marzo de 2015, Estraval fue sometida por la Supersociedades al grado de fiscalización denominado control. En agosto del mismo año, el ente regulador abrió investigación administrativa por no haberse inscrito la situación de grupo empresarial en el registro mercantil y en diciembre se impuso una multa a los representantes legales. En mayo de 2016 se decretó de oficio, la apertura de los procesos de reorganización de la firma y en junio se decretó de oficio la apertura del proceso de liquidación judicial.
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