Pesidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Foto BBC Mundo.
Tener una cuenta en el exterior es legal y muchos empresarios decentes la tienen y la necesitan para operar sus negocios. Por ese motivo, los Panama Papers han mezclado desacertadamente justos con pecadores.
Es importante no satanizar las cuentas en el exterior, ya que son necesarias para el desarrollo del país. Sin embargo, es vital que estas cuentas cumplan con los requisitos que la ley les impone.
Otra cosa son los evasores del fisco, los que reciben coimas o los lavadores de activos. Estos tres ejemplos tienen connotaciones muy diferentes. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, reconoció en el reciente editorial que publicó el lunes 11 de abril en The New York Times (NYT) que, si bien en el pasado Panamá había sido utilizado por los lavadores de dinero para llevar a cabo sus fechorías, este ya no era el caso, que desde el comienzo de su mandato ha insistido en una mayor transparencia, que su país ha venido implementando una política de “know your client” (conozca a su cliente) y que “hoy Panamá se compromete a adoptar todas las reformas de transparencia necesarias para satisfacer a la comunidad internacional”.
Aplaudimos esos importantes esfuerzos del gobierno panameño. Quizás más importante para Colombia es el hecho de que el presidente Varela haya anunciado “un compromiso con el intercambio automático de información financiera y corporativa”, y haya planteado “propuestas que creemos son consistentes con los objetivos de la comunidad internacional, incluyendo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde) a través de su propuesta de Estándares Comunes de Información”, según afirmó el primer mandatario panameño.
Esto es de suma importancia para Colombia porque, como el secretario General de la Ocde, Ángel Gurría, les había anunciado a los Ministros de Finanzas del G20, “Panamá se retractaba de su compromiso para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras”. En efecto, en 2000 la Ocde había creado, bajo el auspicio del G-20, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria. En desarrollo de este, en 2012 la Organización modificó el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de 1995, con un protocolo que ha sido ratificado por “132 jurisdicciones que se han comprometido a cumplir con la norma sobre intercambio de información previa petición”, y de las cuales “96 pondrán en práctica el intercambio automático de información financiera en los próximos dos años”.
Este escándalo fortalece la posición negociadora de Colombia, pero lo que más la refuerza es la pronta reacción de la Ocde y la subsiguiente declaración del presidente Varela en el NYT. Como ha insinuado Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, el intercambio automático de información es lo que Colombia requiere, en lugar de un tratado de doble tributación; este último perjudicaría gravemente a Colombia, ya que como Panamá grava con 0 los ingresos provenientes de otras jurisdicciones, el tratado implicaría que lo flujos a ese país nunca serían gravados.
Colombia debe ser muy cuidadosa con Panamá en esta reunión para no herir susceptibilidades, pero al mismo tiempo debe hacer efectiva la promesa del presidente Varela. Si Panamá no accede, es quizás mejor esperar a las siguientes reuniones de los Ministros de Finanzas del G20 y la Cumbre Global Anticorrupción de mayo, así como la Cumbre de Líderes del G20 en Hangzhou en septiembre: a Colombia solo le quedaría esperar que el G20 haga su trabajo y continuar su incorporación como miembro oficial de la Ocde, proceso en el cual ya hemos completado 15 de los 23 pasos necesarios. Entonces seguramente tendremos acceso a la información de Panamá de manera automática, cierta y oportuna.
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