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Van 350 sanciones por violar el Habeas Data


Un ciudadano encuestado debe saber qué uso tendrá la información personal que suministra.

Nueva ley, con más herramientas para defender datos personales.

Un nuevo mecanismo de defensa ante los posibles abusos que puedan cometer las empresas por el uso indebido de los datos personales, quedó habilitado desde el pasado 19 de abril, cuando entró en vigencia la Ley 1581 del 2012, tras un periodo de transición de seis meses.
“La nueva norma, distinta a la Ley 1266 del 2008, que regula el Habeas Data Financiero, amplía aun más el espectro de empresas, públicas o privadas, que deben adaptar sus procesos a los términos de la norma con el fin de hacer un manejo adecuado de sus bases donde reposa información de las personas”, dijo el Delegado Para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), José Alejandro Bermúdez.
Con esta norma, la SIC quedó facultada para abrir investigaciones y sancionar cuando detecte conductas violatorias de dicha ley, en empresas como los centros de contacto, compañías prestadoras de servicios de salud, las que realizan estudios de mercadeo, las redes sociales, todas las entidades públicas y cualquiera que tenga en sus bases de datos información del público. Solo en cumplimiento del Habeas Data financiero, la SIC ha abierto unas 1.000 investigaciones, de las cuales 350 terminaron con la imposición de multas por más de 5.000 millones de pesos.
Estadísticas de la entidad indican que, en promedio, cada mes reciben unas 250 quejas. Pero con la Ley 1581, las empresas quedan impedidas para comercializar o emplear información que recolecten del público sin su previo consentimiento.
Por eso, dice Bermúdez, las personas tienen derecho a conocer los propósitos que persigue una empresa con la toma de sus datos y autorizar su uso. La norma impide que esos datos se utilicen de manera indiscriminada.
MULTAS POR USO INDEBIDO
Las empresas que violen la norma se exponen a multas que alcanzan los $ 1.130 millones, y corren el riesgo de que la SIC ordene el cierre temporal o definitivo del establecimiento, que puede ser más grave que la multa monetaria.

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