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Demandas ponen a prueba fallo contra las megapensiones


El Consejo Superior de la Judicatura lleva en
su cuenta 200 reclamaciones.


El mismo día que la Corte Constitucional dio a conocer el histórico fallo que tumbó las megapensiones de magistrados y
congresistas
, el exconsejero de Estado William Giraldo intentaba conciliar
con la Rama Judicial el reconocimiento como salario de una prima especial de
servicios que habría engordado su cheque de jubilación.

Giraldo es el mismo magistrado que, sin éxito, entuteló a la Rama para
quedarse en el cargo no obstante haber cumplido la edad de retiro. Su nueva
solicitud, a la que se niega la Judicatura, es que se tenga en cuenta esa prima,
a pesar de que la ley dice que no puede ser considerada sueldo. (
Lea también: Las razones que pesaron para tumbar las
megapensiones
).

Como Giraldo, centenares de funcionarios judiciales –entre jueces,
magistrados de tribunales y miembros de las altas cortes– han presentado
solicitudes similares en los últimos dos años, y la mayoría han terminado en
demandas contra la Nación. El Consejo Superior de la Judicatura lleva en su
cuenta 200 reclamaciones que, de prosperar, aumentarían la vena rota de las
pensiones millonarias.

Giraldo se presentó ante la Procuraduría para conciliar su pretensión, el
paso previo a la demanda. La solicitud la radicó el pasado 3 de marzo, dos meses
antes de que la Corte eliminó de la liquidación de las millonarias pensiones la
expresión “por todo concepto”. Aunque la plata que piden reconocer no es alta,
el punto está en que aumenta los promedios mensuales y con ellos, la base de
liquidación de la mesada, que por decisión de la Corte no superará los 14,7
millones de pesos a partir del primero de julio.

El histórico fallo les da nueva munición jurídica a los funcionarios que se
han negado a pagar lo que piden los magistrados. La inclusión de esos ingresos
en las mesadas era una de las gabelas de las que venían gozando los
funcionarios. La principal, que también se cayó, era que se pensionaban
con el 75 por ciento del mejor salario del último año, sin importar lo que
hubieran cotizado al sistema.

Hace un mes, una sala de conjueces del Consejo de Estado rechazó una nueva
modalidad de estas demandas: la entablada por la cuestionada secretaria de la
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Yira Olarte.

Ella, quien es juzgada por el escándalo del ‘carrusel’ de las pensiones en la
Judicatura, exigió el pago de esa prima especial en la liquidación de sus
cesantías. El fallo determinó que, según la Ley 4 de 1992 (la misma que fue
declarada parcialmente inexequible por la Corte Constitucional), “la prima
especial devengada por algunos funcionarios judiciales no tiene carácter de
factor salarial y, por ende, no es susceptible de reconocerse en liquidación de
cesantías”.
 

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