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Se agita controversia en torno a la reforma de la salud


Reforma a la salud

La reforma a la salud a generado
polémicas por diversos aspectos.

Críticos del proyecto gubernamental señalan
que no introduce cambios de fondo

Una semana después de que se conoció el articulado del proyecto de ley
ordinaria que recoge la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de
salud, han empezado a surgir, de distintos frentes, críticas sobre su
contenido.

Tras analizar el proyecto, el ex magistrado José Gregorio Hernández concluye
que «lo que vemos con esta iniciativa es que todo cambia para que siga igual o
empeore. En ésta se observa que los derechos de pacientes, trabajadores y de la
población pasan a un segundo plano». (Lea:
Se abre debate por urgencia de la reforma de salud).

Uno de los puntos que, a juicio de Hernández, merecen particular atención, es
el relacionado con la salud, reconocida como derecho fundamental: «El artículo
152 de la Constitución establece que la vía para regular derechos fundamentales,
como éste, es una ley estatutaria. En ese orden de ideas, lo propuesto por el
Gobierno, a través de un proyecto ordinario, se sale de la norma». (Lea
además:
Lo bueno, regular y malo de la reforma de la salud).

El ex magistrado advierte que «viendo el articulado es claro que las EPS no
desaparecen, sino que cambian de nombre y seguirán haciendo lo mismo, lo que se
traduce en que no habrá cambios de fondo en el sistema».

De públicos a
privados

Otro aspecto que ha generado fuerte controversia tiene que ver con la
transformación de los dineros públicos de la salud. En el articulado se propuso
que estos dineros son públicos solo hasta que se transfieren a los agentes del
sistema.

Al respecto, la contralora General de la República, Sandra Morelli, afirma
que «es preocupante que se esté desconociendo lo que ha dicho la Corte
Constitucional a través de varias sentencias y el mismo Consejo de Estado sobre
la naturaleza pública de los recursos de la salud».

«Ese traslado de recursos públicos -agrega el ex magistrado Hernández-
implica también que quienes despilfarraron en el pasado estos dineros, y que
están procesados por ese delito, podrían quedar exonerados de cualquier
responsabilidad penal, porque se aplicaría la nueva norma».

Gloria Stella Díaz, representante del Movimiento Mira, llama la atención en
torno a la creación de un fondo de garantías para la salud, que aportaría
liquidez y preservaría la sostenibilidad financiera.

«Tal como se expresa en el proyecto del Gobierno -afirma la representante- se
abre la posibilidad de que por esta vía se salven entidades que han dilapidado
los recursos de la salud; sería como un indulto para las EPS, cuyas deudas y
desfalcos acabarían siendo asumidos por todos los colombianos».

La Contralora dijo, finalmente, que la reforma a la salud «en nada contribuye
a mejorar el sistema».

Minsalud: ‘Sí es una
reforma de fondo’

Alejandro Gaviria, ministro de Salud, aseguró que ve con buenos ojos el
debate, pero que le preocupan «la polarización ideológica y los sesgos que
impiden un debate constructivo».

Con respecto a los recursos de la salud, el Ministro aseguró que el fondo
Salud Mía, propuesto en el proyecto, «nunca entregaría recursos de la salud a
una empresa; solo al final, si quedan excedentes, ellas obtendrían una
parte».

En cuanto al fondo de garantías, Gaviria dice que estas herramientas de
salvamento ya habían sido creadas por la ley 1438 y habilitadas a través de
otras normas, «el fondo no es para salvar empresas, y mucho menos EPS; nos
preocupan aquellas que al retirarse puedan dejar deudas de difícil cumplimiento
con la red hospitalaria y que por extensión perjudiquen la atención de las
personas».

Finalmente, insistió que las EPS se transformarán radicalmente: «No manejarán
dinero, se les exigirán resultados en salud y operarán bajo normas muy estrictas
de habilitación; ningún gestor será empresa de garaje; tampoco están integradas
con proveedores y serán sociedades anónimas», dijo.

El Ministro afirmó que todas estas discusiones no han dejado ver grandes
bondades del proyecto, como la retoma del control, por parte del Ministerio de
Salud, de precios, patentes y otros factores relacionados con el mercado de los
medicamentos, lo que los equilibra como bien sanitario.

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