Un aviso publicado en días pasados por la compañía transportadora Arimena en
un medio de circulación nacional, revelaba la intención de la empresa de
realizar una oferta pública de acciones.

Lo que no advertía la empresa es que no cotiza sus acciones en la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC), requisito que exige la ley para captar dinero del
público a través de acciones.

Casos como este tienen ahora a la Superintendencia Financiera tras la pista
de eventos similares, pues constituyen una falta a la regulación vigente, toda
vez que ante la entidad de control no se han solicitado las debidas
autorizaciones para acudir al mercado de capitales.

Según el organismo de vigilancia, se “ha evidenciado un aumento significativo
en el número de ofertas públicas de acciones efectuadas por diferentes
sociedades sin contar con la previa autorización de esta entidad, lo que implica
una captación ilegal de recursos públicos”.

Por eso, la Superintendencia lanzó ayer una advertencia a los inversionistas
en general, al detectar que se estaría haciendo una captación fraudulenta de
recursos públicos por medio de emisiones que no han sido aprobadas.

Por tal motivo, el organismo está revisando varios casos que se han
presentado y se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes, de
llegar a comprobar que se incurrió en la violación a las normas.

Sin embargo, se descarta que haya ocurrido una afectación para las empresas
que hoy están transándose en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), toda vez que
estas compañías que hicieron emisiones accionarias sí tuvieron las
autorizaciones previas por parte del Estado.

Cabe anotar que la entidad de control indaga en qué casos se produjo un error
por parte de la compañía por mala asesoría y cuáles eventos podrían deberse a
sociedades o particulares que actuaron de mala fe.

La advertencia se lanzó sobre entidades que no están siendo vigiladas por la
Superfinanciera, sino por otros organismos de regulación.

Según la Superfinanciera, la revisión previa de las emisiones por parte de
este organismo es la forma en que el Estado protege esta clase de inversiones,
“razón por la cual se hace un llamado a los inversionistas y al público en
general para que en el momento de participar en este tipo de operaciones
verifiquen si la oferta pública de acciones cuenta con dicho permiso”.

Y agregó que “con la debida autorización de la Superintendencia Financiera,
los inversionistas tienen garantizado el acceso a información clara y
suficiente, elementos fundamentales en el momento de tomar decisiones, entre
otros”.